Nosotros

La Defensoría del Cliente Inmobiliario (en adelante “DCI”) es una persona jurídica – bajo la naturaleza de asociación civil sin fines de lucro - a través de la cual los tres gremios inmobiliarios más importantes del país - La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – ADI - han organizado y constituido un medio que tiene por finalidad regular de forma autocompositiva, no contenciosa y privada los reclamos vinculados a las relaciones de consumo entre empresas inmobiliarias adheridas a la DCI y el consumidor, procurando que tal mecanismo garantice procedimientos transparentes, eficaces y expeditivos en concordancia con lo establecido en el numeral 6° del articulo VI del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571.

Nuestro principal fin es lograr que la relación entre clientes y empresas del ámbito inmobiliario se desarrollen dentro de un marco de confianza, proactividad y eficiencia.

Sobre Nosotros - Defensoría del Cliente Inmobiliario

Misión

Nuestra misión es promover, promocionar y generar un marco de confianza y transparencia en las relaciones de consumo, dentro del ámbito inmobiliario, a fin de que la totalidad de sus actores – consumidores, proveedores y gremios empresariales – fomenten un espacio de entendimiento y solución a las diferencias, discrepancias y reclamos formulados por el consumidor inmobiliario en concordancia con los derechos de consumo que el ordenamiento legal vigente – el Código de Protección y Defensa del Consumidor así como las demás normas complementarias – le provee.

Visión

Ser una organización reconocida a nivel nacional por ser equitativa, imparcial, confiable, oportuna y transparente al servicio de los consumidores finales del sector inmobiliario; viabilizando nuestras labores en un marco íntegro de equidad y buena fe, para contribuir al desenvolvimiento del sector.

NUESTROS VALORES

Ética Empresarial

La actividad gremial y empresarial de los Miembros debe tener como fundamento la justicia, la verdad y la honradez. Los Miembros de la DCI deben cumplir y respetar la legislación vigente, marco de referencia fundamental para el accionar de las empresas y personas. La DCI debe promover, entre sus miembros, relaciones basadas en la lealtad y transparencia comercial.

Principio de Equidad

La resolución del conflicto surgido entre las empresas inmobiliarias adherentes y sus clientes debe inspirarse en la equivalencia de sus prestaciones, vale decir, el acuerdo con el que las Partes ponen fin a su conflicto debe ser justo y equitativo, duradero, considerar los intereses de ambas Partes y de la comunidad.

Principio de Vinculación

En virtud del cual los fallos emitidos por el(los) Defensor(es) Inmobiliario(s) vinculan y obligan a las empresas inmobiliarias adherentes a su estricto cumplimiento, en mérito a la aceptación expresa del convenio de adhesión correspondiente.

Principio de Conciliación

Todos los intervinientes en los procedimientos de reclamos deben actuar facilitando el entendimiento entre ellas y sus contrapartes, así como procurando y promoviendo la conciliación como forma de solución de conflictos que se susciten en la relación de consumo.

Principio de Celeridad y Economía Procesal

Los trámites que se ventilan ante la Defensoría deben estar dotados de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que los dificulten, a fin de alcanzar una decisión oportuna y razonable, sin que ello signifique la vulneración del debido procedimiento y de las normas del presente reglamento. Recae exclusivamente en el consumido contar con la asesoría de abogado o expertos en la formulación de reclamos pues no es requisito formal ni esencial contar con aquellos.

Principio de Responsabilidad Supletoria

Los Gremios Fundadores de la DCI deben coadyuvar supletoriamente al cumplimiento del Código frente a los asociados adherentes que formen parte de su institución y que infrinjan sus obligaciones ante la DCI.

Funciones de la DCI

Resolver los reclamos que plantean los clientes en relación a los servicios prestados en el ámbito de la actividad inmobiliaria.

Sobre el Defensor del Cliente Inmobiliario

 

Órgano Administrativo para el procedimiento de atención de reclamos

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCPCentro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP
El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos es una unidad de servicios de la Pontificia Universidad Católica del Perú conformada por un equipo interdisciplinario que busca que las personas y las organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado prevengan, gestionen y/o transformen sus conflictos en oportunidades de desarrollo contribuyendo a una cultura de paz en el país, a través de servicios de consultoría, capacitación, arbitraje, conciliación, junta de resolución de disputas y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la negociación y la mediación.

El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos viene trabajando en la prevención de conflictos, análisis y resolución de campo desde hace 20 años, a través del diseño y desarrollo de proyectos y consultoría solicitados por entidades estatales, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil de los diversos sectores del país. En el ámbito de conciliación, contamos con una experiencia de más de 3000 conciliaciones con un alto porcentaje de satisfacción de las partes. Y en el ámbito del arbitraje, desde el nacimiento de nuestro servicio, en el año 2001, hemos gestionado más de 2000 arbitrajes de índole civil, comercial y relacionados a contrataciones con el Estado. Con el objetivo de continuar contribuyendo a una cultura de paz en el país, hemos instituido la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo de solución de controversias en los contratos de construcción.

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No olvidar que para iniciar el reclamo, deben tener los siguientes documentos:

Copia de su DNI, Carné de Extranjería o pasaporte.
Contrato con la empresa inmobiliaria involucrada.

Además detallar de manera clara los hechos que motivan el reclamo